El
domingo 22 de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y locales. Se
equivoca quien piense que el gobierno que se vota y el único importante es el
estatal (tiempo al tiempo; eso será en otro momento). Nada más lejos de la
realidad.
Los votantes
deben ser críticos, exigentes y responsables. Una buena pregunta que
sirva de reflexión y observación para ejercer de ciudadanos y no de forofos de
un partido sería la siguiente: ¿qué formaciones políticas están menos
implicadas en lo sucedido o mostrarían más decisión a la hora de corregirlo?
¿Qué clase política queremos?
Analicemos
los principales problemas que nos aquejan y rastreemos sus causas.
El sector financiero y la sequía del crédito.
Las
cajas de ahorro prestaron excesivamente al sector de la construcción. En sus
balances permanecen muchos de esos préstamos fallidos con unas garantías
inmobiliarias que han perdido valor. Con esa situación patrimonial, no están en
condiciones de dar nuevos préstamos. La sequía del crédito afecta al consumo y
a la inversión, lastrando la recuperación económica.
Pero
esas cajas están dirigidas por políticos. Los dirigentes siguen en sus puestos
pese a los rescates masivos con dinero público. Las comunidades autónomas han
dificultado la solución del problema, además de generarlo, para preservar sus
cuotas de poder y el control de las cajas. Hay quienes están implicados en los
desmanes y no presentan propuestas creíbles de regeneración y reforma.
El enorme déficit público español y el crecimiento de la
deuda a emitir para financiarlo.
Hace
un año, la economía española estuvo al borde del precipicio, a
punto de sufrir una crisis de la deuda por la dificultad de encontrar
compradores a un tipos de interés asumible. A los españoles
se nos subieron los impuestos en mitad de esta grave crisis para equilibrar las
cuentas públicas.
Pues
bien, el grueso de ese gasto es autonómico y local. Es el temor al descontrol
del gasto autonómico el que atenaza a los mercados internacionales cuando
piensan en España. No ha habido un recorte en profundidad del gasto superfluo,
prefiriendo recortar salarios y pensiones. Al gasto de las administraciones
autonómicas y locales habría que sumar el de la pléyade de empresas,
observatorios y organismos de todo tipo que giran en torno a las
administraciones, aunque no formen parte oficialmente de ellas.
La
abundante legislación que promulgan las asambleas autonómicas genera costes de
cumplimiento para las empresas y un auténtico laberinto legislativo, amenazando
la unidad de un mercado ya relativamente pequeño, como es el español.
El plano local.
Los
ayuntamientos han tenido mucho que ver en la génesis de la burbuja
inmobiliaria, con sus alegres políticas de recalificación de terrenos. Tras el
estallido de la crisis, el brusco deterioro de sus finanzas (ligadas a la
burbuja) les ha llevado a la morosidad. Muchas pequeñas y medianas empresas han
tenido que cerrar porque hay entidades públicas que no pagan lo debido, algo
realmente inadmisible. Algunos ayuntamientos comienzan a tener problemas incluso para abonar las
nóminas.
¿Qué
partidos promueven la reforma de la financiación local? y ¿cuáles han podido
realizarla y no lo han hecho?
La educación constituye la clave del buen funcionamiento de
un país.
Una
formación de calidad garantiza la existencia de ciudadanos y votantes
informados, facilita la mejora del capital humano, promueve la innovación
científica, siendo a la vez un instrumento de movilidad social. Todo eso se ve
hoy amenazado en España, como los sucesivos informes PISA de la OCDE han puesto
de manifiesto.
La
educación es una competencia autonómica, pero las comunidades
han olvidado la función principal de la educación: enseñar. Prefieren
adoctrinar. Lástima.
¿Qué
partidos defienden una mejora del sistema educativo que garantice niveles
similares de calidad en toda España, o incluso devolver sus competencias al
Estado?
El sistema electoral.
La
raíz de buena parte de los problemas anteriores tiene que ver con un sistema
electoral que aleja a los elegidos de los electores y prima a partidos
nacionalistas con un número de votos ridículo, si se compara con la
representación y el poder de que gozan. ¿Por qué partidos nacionales no quieren
acabar con esta desigualdad y prefieren rendir pleitesía a partidos
nacionalistas? ¿Qué partidos promueven en serio la reforma electoral?
Si
somos iguales, también debe serlo el valor de nuestro voto. ¿Acaso no existe un
partido que defiende esto y condiciona su apoyo a cambios esenciales? Existe y es UPYD.
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